Colombia: la escalada de la violencia armada, el pesado legado de Iván Duque

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Como parte de la creciente violencia armada, fuerte legado del gobierno saliente de Iván Duque, cinco personas murieron y cuatro resultaron heridas la madrugada del domingo luego de que hombres armados abrieran fuego contra un grupo de vecinos que hablaban en un barrio de La Unión, en el Valle del Cauca. El Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz) informa que hasta el 12 de julio de este año se han cometido 53 masacres en Colombia, matando a 185 personas, uno de los legados más impresionantes de Duque, quien dejará su cargo el próximo domingo para que asuma Gustavo Petro. 

Sumado a la falta de respuesta al conflicto armado, el presidente derechista nunca se ha criticado a sí mismo frente a las crecientes multitudes masivas en contra de su administración desde 2018. Las protestas fueron el sentimiento más fuerte el año pasado, cuando la represión policial y militar se fue. Miles de heridos y desaparecidos y más de 70 muertos. Sobre este tema, Duque confirmó en una entrevista con un diario local que hubo una «confabulación» para destruir al país y que, antes que con los bloqueos y las manifestaciones, prefería tener que lidiar con «tres pandemias».

53 masacres y más de 100 líderes asesinados

“Fueron cinco personas asesinadas y cuatro personas heridas, estamos confirmando si hay menores de edad, la Policía y Cuerpo Técnico de Investigación (CTI de la Fiscalía) están en el lugar de los hechos”, dijo la secretaria de gobierno del municipio de La Unión, Jhoana Ayala. El 25 de julio, las autoridades informaron que tres personas, incluido un miembro destituido de las FARC, fueron asesinadas a balazos en un establecimiento comercial de la sureña ciudad colombiana de Puerto Rico, menos de 24 horas después del asesinato de un reconocido líder y defensor del medio ambiente en el municipio de La Dorada, en Caldas.

Al igual que las masacres, los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos no han cesado, y en lo que va del año suman más de 100 asesinatos. El exconcejal Raúl Alonso García fue asesinado el 7 de julio en el municipio de Arauca, en la frontera con Venezuela, sumándose a una trágica lista que incluye otros nombres, como el del líder comunitario Jaime Losada en Putumayo, en la frontera con Ecuador.

Este año ha sido mucho más grave que el año pasado, está cada vez peor, casi con los índices del peor año desde la firma del acuerdo de paz que fue 2019”, dijo Leonardo González, coordinador del Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz), que monitorea asesinatos en su observatorio. A la “arremetida de los grupos armados en contra de los liderazgos sociales” se sumó el telón de fondo de un año electoral particularmente vulnerable para líderes comunitarios, pueblos indígenas y afrodescendientes.

Preocupación de la ONU

La representante de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, dijo que la respuesta militar «no logró evitar» la expansión de los grupos armados ilegales y el aumento de la violencia, lo que había derivado en un «un incremento progresivo de los homicidios«. Así lo afirmó el diplomático el martes pasado al presentar el «Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo gobierno», que fue trasladado a la actual administración así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo siete de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.

Entre 2016 y 2021, la agencia de la ONU verificó 562 asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia. “Estos homicidios parecen constituir una estrategia para afectar la capacidad de las comunidades y liderazgos para revindicar sus derechos frente al despojo de sus territorios y la violencia”, dijo De Rivero, expresando su preocupación por un aumento del 200% en las masacres, cuando fueron despojados de la tierra y la violencia. Entre 2016 y 2021, así como continuas desapariciones en las zonas más afectadas por el conflicto.

Ante esta situación, el informe concluye que “es necesario revisar la estrategia del Estado para enfrentar estos grupos y organizaciones y para proteger a las poblaciones afectadas”, pues el abordaje realizado hasta el momento “ha mostrado sus limitaciones», en palabras del Dr. Rivero. A esto se suma la falta de implementación de aspectos clave del acuerdo de paz firmado en 2016 con los combatientes de las FARC, como lo evidencia el informe de la ONU.

Reclutamiento y asesinato de menores

Naciones Unidas verificó que solo en 2021, 123 niños y niñas de entre 12 y 17 años fueron reclutados y utilizados por grupos armados. Los mayores reclutas, según el último informe del Secretario General, fueron las disidencias de las FARC, el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

El informe de la ONU menciona cifras que pasan desapercibidas dada la magnitud de la reciente crisis humanitaria: durante el período analizado, 70 niños y niñas fueron víctimas de violencia y fuerza durante el reclutamiento: 31 menores fueron asesinados y 39 mutilados.El documento agrega: «Las bajas infantiles se produjeron por disparos de armas de fuego (31), minas terrestres, artefactos explosivos improvisados y restos explosivos de guerra (30), ataques aéreos (seis) y tortura y tratos inhumanos (tres)», aporta el documento.

El reclutamiento de niños y jóvenes fue un bombazo que paralizó el nuevo gobierno de Gustavo Petro. Su exclusión de las filas y su promesa de no involucrarlos en el conflicto estarán entre los otros temas centrales que enfrentará la cooperación con los grupos armados para encontrar lo que Petro tiene para ofrecer. que fue identificada como su propuesta de «paz total».

Duque denuncia una confabulación

A una semana de dejar la presidencia de Colombia y no criticar su fallida política contra la violencia armada, Iván Duque evaluó que uno de los peores momentos de su gestión fue el estallido social de abril de 2021 y aseguró que hubo una «confabulación» para hacer «colapsar» al país. Durante estas semanas hubo un paro nacional y protestas contra la regresiva reforma tributaria impulsada por Duque y su equipo económico.

Me quedo con tres pandemias antes que ver todo ese instinto criminal que tenían muchos de bloquear el país y de afectar su institucionalidad”, dijo Duque en una entrevista publicada el domingo en el diario “El Colombiano”. “Vemos lo que ha ocurrido en Ecuador, recientemente también en Panamá, que son orquestas, que son partituras que se articulan para tratar de debilitar a los gobiernos”, dijo.

Cuando se le preguntó a Duque si lamentaba o no los agravios que causó ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de su administración, que la semana pasada acusó a 22 militares de 303 falsos positivos, el titular dijo que le gustaría. Para «agotar el diálogo» y buscar acuerdos. Durante su gestión, Duque intentó sin éxito revisar la JEP con reformas que le quitaban sus facultades.

El líder derechista estuvo ausente recientemente cuando la Comisión de la Verdad presentó su informe final al país, un extenso documento en el que varios comisionados entrevistaron a miles de ciudadanos afectados por el virus de la guerra. Días atrás la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 miembros del Ejército y crímenes de lesa humanidad por la matanza de 303 civiles en los llamados falsos positivos, asesinados por las fuerzas armadas y calificados erróneamente de guerra de guerrillas.

FUENTE: PAGINA 12

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