La Desinformación ‘brutal’ sobre la nueva Constitución propuesta para Chile (y algunas de las confusiones más comunes)

«Brutal» es el término que utiliza el investigador Sebastián Valenzuela para describir y contrastar la desinformación en torno al texto que Chile tuvo que aprobar o rechazar en referéndum obligatorio el pasado 4 de septiembre.

Aunque la campaña electoral comenzó el 5 de agosto, se discutió en los medios de comunicación la polémica sobre la posibilidad de una nueva constitución y el efecto de la «apruebo» o el «rechazo» en la victoria. Las conexiones y redes de Chile, junto con las preocupaciones de los ciudadanos como la seguridad o la inflación.

La desinformación encuentra su lugar en el notable interés por el nuevo texto y la profunda disparidad entre los modelos que representan la constitución actual y la nueva propuesta.

En este contexto, conviven diferentes interpretaciones y opiniones y actitudes favorables o desfavorables sobre su contenido con las “noticias falsas” y otras formas de “contaminación informativa”, como las denomina el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

La «contaminación informativa» incluye la difusión de información errónea. Contenido falso creado intencionalmente para causar daño (desinformación) e información maliciosa (basada en hechos reales pero manipulados).

Según Valenzuela, profesor de la Universidad Católica de Chile, lo más problemático de este fenómeno es que la desinformación se utiliza no solo para ofuscar la propuesta sino también como herramienta de ataque.

“Cuando se dice que no hay protección a la propiedad privada en el texto de la Convención, no se espera que la gente lo crea, porque es cosa de ir a mirar el texto. Eso se promueve para generar una reacción emocional, para que quien reciba el mensaje diga: ‘¿Viste?, no protegen el derecho a la propiedad, te van a quitar tus cosas’. Estamos en un momento muy crispado en el que la desinformación se usa para crispar mucho más», describió Valenzuela a BBC Mundo, quien ha analizado la desinformación en Chile ante la epidemia, los males sociales del 2019, la pandemia y las distintas etapas de la Convención Constitucional.

“Es la desinformación como medio para aumentar la animadversión, la polarización, la sensación visceral contra alguien o contra algo”, advirtió.

Algunos de los mensajes que las autoridades rechazaron fueron que permitieran «el aborto hasta los nueve meses de embarazo», o que pusieran en riesgo los derechos de propiedad, o que los inmigrantes registrados para votar «apruebo» son algunos de los mensajes desmentidos por instituciones, autoridades, la academia, medios y sitios dedicados a chequear información.

Sí hay derecho a propiedad

El investigador Carlos Peña, columnista y rector de la Universidad Diego Portales, es una de esas voces que piden que las personas analicen ellos mismos el texto y esclarezcan lo que él describe como “interpretaciones tendenciosas”.

Por ejemplo, con respecto al aborto, un voto por escrito sobre el derecho a interrumpir un embarazo establece que estará previsto en la ley. Peña distingue entre autodeterminación y «el lapso en que esa autonomía puede ejercerse». La propuesta no impide que la ley cree un sistema de disposiciones que protejan a la madre “o al nasciturus”, definiendo académicamente, “que es, por lo demás, lo que habitualmente ocurre en el derecho comparado”.

No es cierto tampoco que se elimine la educación privada en el país.

Se propone definir un Sistema Nacional de Educación integrado por instituciones creadas «o reconocidas» por el Estado. Peña explica que si bien es «privilegia la educación provista por el Estado», la educación especial puede derivarse de otros derechos básicos, como la autonomía o la libertad religiosa, que también amparan la objeción de conciencia.

La propiedad es en realidad un derecho en la constitución recientemente redactada: “Toda persona, natural o jurídica tiene derecho de propiedad”, leemos allí, donde los bienes que “la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas” (como glaciares, humedales o alta montaña) o se declaren “inapropiables” (como agua, aire, mar territorial o playas).

El texto establece claramente que ninguna persona puede ser privada de su propiedad, a menos que la ley disponga que la expropiación “con base fundada” que deberá ser indemnizada “a precio justo”, con posibilidad de recurso judicial.

El “precio justo” no es una frase inventada en este texto, sino un concepto antiguo incluido en el Código Civil chileno. No existe nada más que la opción de expropiación, consagrada en la Constitución de 1980, “por causa de utilidad pública o de interés nacional”. La posibilidad de expropiación plantea un desafío a otro mandato constitucional: la restitución de la titulación de tierras indígenas.

No desaparece la salud privada

Aunque ya se ha resuelto el borrador del acuerdo de redacción, también es difícil distinguir en la discusión entre las distintas movidas que se han propuesto y discutido, y las que ya se han incluido en el texto ya que contaron con los votos necesarios para ello.

Tal es el caso de los activos de los fondos de pensiones agrupados en compañías de seguros privadas, conocidas como AFP en Chile. Es cierto que en la discusión normal se ha dejado caer una iniciativa popular indicando el carácter “inalienable” de estos ahorros, pero eso no significa que el nuevo texto se refiera a la pérdida de este dinero. El documento establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social, el Estado define la política como la norma y la ley establecerá un sistema de seguridad social público.

En cuanto a las cajas privadas de salud, conocidas como Isapres en el país, estas cajas no desaparecen con el nuevo texto: si bien pierden la capacidad de recaudar las cotizaciones médicas obligatorias de los ciudadanos (ya que sólo pueden verse afectadas por la Ley de Fondos de Solidaridad), el texto establece que se creará un Sistema Nacional de Salud “que podrá estar integrado por prestadores públicos y privados”.

No solo texto: también puede hablar

El Presidente Gabriel Boric como por el Servicio Electoral (Servel), órgano independiente que supervisa las elecciones en Chile, entre otras organizaciones, alertaron sobre el clima de desinformación a pocas semanas del plebiscito. Servel, por ejemplo, tiene un archivo de mensajes falsos y sus descargos de responsabilidad.

Leemos en el archivo las notificaciones que aseguran que los recién llegados al país provenientes de Venezuela o Haití votarán en las elecciones generales, asumiendo que su voto será “aprobado”: el ​​Servel solo ha decidido que se requieren 5 años de residencia para participar en las elecciones en Chile, más 18 años y no hay antecedentes penales.

Según los últimos datos electorales, más de 15 millones de personas tienen derecho a votar en las elecciones generales constitucionales. Entre estos, la comunidad inmigrante con mayor número de votantes proviene de Perú (más de 167.000 personas). El segundo es de Colombia y poco más de 68.000.

En otra carta rechazada, se decía que no habría multas para los mayores de 60 años que no votaran en el pleno, para desincentivar su participación, asumiendo una mayoría de la población ese número por el «rechazo»: Servel especifica que votar en el referendo es obligatorio para quienes tengan colegio electoral en Chile, no hay edad mínima.

Alcance de la desinformación

Una encuesta realizada entre enero de 2016 y diciembre de 2018 en Estados Unidos y publicada en 2020 en la revista Science Advances concluyó que “si bien la circulación deliberada de información falsa con el objetivo de crear confusión y discordia es intolerable en principio”, el consumo de noticias en Estados Unidos está dominado por los medios informativos, tanto en línea como en la televisión, las «fake news» representan solo el 1% del consumo total de noticias de la nación.

La encuesta abre una pregunta sobre el verdadero alcance y los efectos de la desinformación.

“El volumen de exposición a desinformación en Chile es mucho más alto que el de Estados Unidos”, dijo Valenzuela, con base en estudios que realizaron utilizando el mismo método utilizado en Norteamérica para analizar la elección de Trump.

“En Chile la desinformación se cuela por todas partes”, dice Valenzuela, con base en estudios realizados en el país.

“En Estados Unidos y en Europa occidental hay muchos sitios que puedes definir como de “fake news”, que imitan el formato periodístico sin pretensión de objetividad. Yo he estudiado el caso de México y Chile y no hay sitios como esos, o son muy pocos. No existen productores claros de “fake news”. Esa es una particularidad del país».

Sin embargo, “a diferencia de lo que ocurrió con el estallido o con el covid, la desinformación sobre el texto constitucional ha sido una producción a nivel de élites, de personas con posiciones de poder económico, político, intelectual. Eso explica por qué ahora se discute tanto el tema: porque esta vez ha sido más claro identificar a sus fuentes”. “Pero una cosa es que yo vea desinformación, y otra cosa es que yo crea lo que estoy viendo”, dijo el academico.

“En el caso de Chile, la cifra de gente que cree en la desinformación es bastante baja. Las personas son muy escépticas y eso compensa un poco el riesgo. Por supuesto, siempre se puede hacer el punto de que, mientras más ves algo, te ves expuesto, se te hace más difícil contrarrestarlo. Pero al menos la foto que nosotros tomamos es que, aunque hay mucha desinformación dando vuelta, hay también mucha desconfianza sobre ella», finaliza.

En este escenario, una de las principales dudas de la opinión pública chilena en este momento es qué hace y qué nada dice la nueva constitución propuesta. Pero al menos algunos ciudadanos optaron por ir directamente a la fuente: el libro de 178 páginas La Propuesta Final para una Nueva Constitución, que también se puede ver en Internet, se encuentra entre los libros de no ficción a la venta. . A principios de julio, sobre bestsellers mundiales como «Hábitos atómicos» de Neil deGrasse Tyson o «Astrofísica para gente con prisa».

FUENTE: LA NACION