Ley de Alquileres: cómo afectaría al mercado si se aprueba el proyecto del oficialismo

El debate sobre la Ley de Alquileres a cargo de la Comisión de Legislación Nacional de la Cámara de Diputados, que culminó el miércoles con la emisión de tres dictámenes distintos, generó más incertidumbre que respuestas. No hubo consenso entre oficialismo y oposición en los artículos más cuestionados y aún no se conoce la fecha en que se tratarán los textos en el recinto.

Por otro lado, el dictamen en mayoría, que es el impulsado por el Frente de Todos, respalda la ley 27.551 y, a su vez, añade algunas novedades que fueron cuestionadas por referentes del sector inmobiliario y celebradas por algunas agrupaciones de inquilinos.

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Una de las cuestiones que más incertidumbre genera es cuándo se tratarán los tres textos enviados por la Comisión a la Cámara baja. Es que, a partir de los incentivos fiscales del dictamen de mayoría -un punto en el que coinciden todos los espacios- el oficialismo busca que se vuelquen más propiedades al mercado locativo. Pero, por el momento, el tratamiento de las posibles modificaciones se dilata. “Nadie se anima a ponerle fecha al tratamiento en el recinto”, dijeron fuentes parlamentarias a LA NACION.

En tanto, desde el Colegio Profesional Inmobiliario (CPI) manifestaron su disconformidad ante los dictámenes que giró la comisión. “La entidad considera que ninguna de las tres propuestas contempla los reclamos del sector inmobiliario y, por lo tanto, no solucionarán la problemática de los alquileres”, afirmó la organización a través de un comunicado.

De acuerdo al informe mensual que realiza el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), durante los primeros cuatro meses de 2022, la cantidad de departamentos ofertados para alquiler cayó en promedio 20 puntos porcentuales por debajo del valor del mismo período del año anterior.

Uno de los artículos que añade el dictamen a la ley de alquileres es la bancarización obligatoria del cobro de los alquileres. ¿Qué quiere decir? Incorpora la obligación de que los contratos de alquiler con destino habitacional consignen “los datos bancarios necesarios de la parte locadora para recibir el pago del canon convenido por transferencia o depósito bancario”.

El artículo fue cuestionado por Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba). “Nuestra postura es que cuanto mayor sea la intervención del Estado en los pormenores de los contratos, más se paralizará el mercado. Para que el sector de los alquileres funcione correctamente, se lo debe dejar libre. Las partes deben tener todas las opciones a su disposición para acordar lo que más les convenga a ambos. De esa manera, habrá menos inconvenientes para todos”, señalaron desde la entidad que preside Marta Liotto a LA NACION.

En la misma línea se expresó Alejandra Covello, , presidente de Covello Propiedades, que consideró que la medida “complica más el mercado y agrega costos”.

Sin embargo, desde Inquilinos hay dos visiones contrapuestas sobre el artículo de bancarización de cobros. Por un lado, en la Federación de Inquilinos Nacional que encabeza Gervasio Muñoz celebraron el dictamen y el artículo en cuestión. “Peleamos mucho para que ese artículo sea parte del dictamen. Es un enorme beneficio para los inquilinos, porque se termina la posición de las inmobiliarias o propietarios que cuando reclamas algo no te aceptan el pago del alquiler, o cuando querés que te arreglen algo no lo hacen”, dijo a LA NACION.

En la vereda opuesta se expresó José Griselli, presidente de la Asociación en Defensa de los Inquilinos, que apuntó que la medida “no responde a un fin práctico sino de control”. “Entiendo que como no funciona el sistema de registros de las propiedades esto es una herramienta de control”, señaló en diálogo con LA NACION Griselli, que acompaña junto a Enrique Abatti el proyecto de Juntos por el Cambio presentado por Alberto Asseff.

Abatti, presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, consideró que la medida de obligatoriedad en la bancarización “parece hecha a medida de los bancos. Es raro que salga del Frente de Todos”, consideró Enrique Abatti.

Los principales puntos del dictamen de Frente de Todos

El proyecto del oficialismo que obtuvo mayoría respalda los artículos principales la ley 27.551 sancionada en 2020 y añade algunas novedades. A continuación, los principales puntos del dictamen del Frente de Todos:

• Se mantiene el plazo de la duración de los contratos por tres años.
• En cuanto al ajuste, se mantiene el índice anual promedio entre ipc y salarios. Se podrá pactar la actualización por debajo del índice. La aplicación del índice constituye el ajuste anual máximo permitido, pudiendo las partes, de común acuerdo, pactar ajustes menores.
• Garantías: Agrega una garantía pública creada por el Estado Nacional para monotributistas
• Bancarización: para el cobro del alquiler será obligatorio
• Registro de contrato de alquiler: el propietario y la inmobiliaria estarán obligados a registrar el contrato en AFIP.
• Toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional.
• Defensa del Consumidor deberá llevar adelante mediaciones entre propietarios, inmobiliarias e inquilinos.
• El ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat deberá controlar el cumplimiento de la ley de alquileres.
• El Poder Ejecutivo de la Nación debe crear un registro público de contratos de locación con destino habitacional. El registro debe ser de acceso público.
• El depósito seguirá siendo de un mes y podrá pagarse en seis cuotas.
• Incorporación de una serie de incentivos fiscales para promover la oferta de inmuebles para alquiler. El documento establece que los inmuebles destinados a alquiler no estarán alcanzados por el impuesto a los Bienes Personales y modifica el régimen para beneficiar monotributistas que tienen propiedades en alquiler.

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Source: economia