Tensión en José Ignacio. Los vecinos en pie de guerra por dos construcciones que violan las normas ambientales
Hace tiempo, ya, que José Ignacio dejó de ser un pueblo de pescadores. Las 292 personas que vivían de manera permanente en 2011, año del último censo, contemplaron la transformación de sus dunas vírgenes en un lujoso (pero sosegado) balneario. Extranjeros y uruguayos de otras ciudades se radicaron allí en búsqueda de una vida más atemperada. Apenas once años después, el número de habitantes supera largamente los 292, pero hay cosas que nunca cambian: podrá haber más gente, podrán haber más casas, pero ese espíritu de pueblo y esa calidez que caracterizan a Uruguay no se fueron, siguen ahí.
Muchos argentinos optan por vivir allí, atraídos por una sólida seguridad jurídica. Destacan, asimismo, su transparencia política y la fama de un medioambiente protegido. No por nada el país se vende con una marca turística contundente: ‘Uruguay Natural’. Marcos Galperin, el hombre más rico de nuestro país, vive allí (en Montevideo, pero tiene su hogar de verano y de fines de semana en José Ignacio). Hablamos de un enclave cuyos habitantes conviven en paz… O, mejor dicho, convivían en paz.
Hoy, los vecinos de José Ignacio están en pie de guerra. Argumentan que hay dos proyectos inmobiliarios que violan normas ambientales y de construcción, y que, “por obra de quién sabe qué”, no son sancionados. Unidos en una alianza vecinal, argentinos, europeos y uruguayos parecen decididos a defender su posición y su nuevo hábitat con todos los recursos disponibles. Incluso, se han adelantado y han enviado una carta al presidente Luis Lacalle Pou. Entienden -y destacan- la importancia de ganar esta batalla.
El problema “creado por extranjeros pero con la complicidad de locales”, como dice a LA NACION un vecino uruguayo, se materializa en dos gigantes casas de hormigón que, con su tamaño, derruyen la identidad del lugar.
Lo que hay que saber
En José Ignacio existen rigurosas reglas de construcción. Y hay tres puntos que son más importantes que cualquier otro. A saber:
- Las casas no deben superar los 6 metros de altura.
- Las casas no pueden ser construidas con materiales pesados (como hormigón y acero).
- Las casas no pueden ser erigidas sobre la arena del médano (salvo que esto se haga sobre pilotes, con los cuales se puede evitar el contacto con el suelo natural).
Los dos proyectos (que, señalan los vecinos, son propiedad de dos argentinos) rompen reglamentaciones. Pero fueron aprobados igual. Eso levantó la sospecha y el enojo de los habitantes de la península, quienes se preguntaron “¿No era que en Uruguay se respetaba la ley?”, “¿Dónde está la seguridad jurídica?”.
El enfado de los vecinos tiene un sustento legal: saben que el estilo elegido para estos proyectos no sintoniza con la ley. La mayoría de ellos, unidos en la organización Liga de José Ignacio, reclaman que las construcciones nunca debieron haber sido aprobadas, fuera por el Ministerio Ambiente como por la Intendencia de Maldonado. Argumentan que la coordinación entre ambos entes fue desprolija, y que, en ese ida y vuelta, se descuidó un detalle muy importante: la norma dice que no se pueden utilizar materiales pesados en las construcciones. Un miembro de la Liga ironiza para LA NACION: “Sabían que esas casas se estaban levantando con materiales no permitidos, pero las aprobaron igual. Esto es un país serio y nos estamos encontrando con una truchada novedosa”.
En 2020, durante la pandemia, los permisos fueron revisados una vez más. Acto seguido, uno de los propietarios recibió la orden de presentar un plan de demolición. Pero la ignoró y la construcción prosiguió como si nada. La otra obra también corrió peligro: llegó a ser suspendida en 2020 (tras la resolución RM 59/2020), no obstante, en noviembre de 2021 fue retomada tras recibir una nueva autorización (RM 282/2020). Los vecinos denunciaron que el propietario no acató esa suspensión y el Ministerio lo resolvió con una multa que fue justificada con dos motivos: se construyó sin autorización vigente y no se acató la orden de suspensión.
Inmediatamente, mucha gente protestó con furia. “Si vos gastás varios millones de dólares en construir tu casa y el Ministerio de Ambiente te pone una multa de 500 UR ó 15 mil dólares… ¿qué te importa la multa? Estás haciendo lo que se te ocurre y no te importan las consecuencias”, resume Mauricio Fioroni, el abogado que representa a la Liga de José Ignacio, que quiere demandar a los nuevos terratenientes.
“Hay una minoría violenta que nos está hostigando”
Una de las casas que pusieron en “pie de guerra” a los vecinos de José Ignacio es propiedad de Siobhan Dumas de Sánchez Elía, la hija del conocido chef argentino Carlos Alberto “Gato” Dumas. Un miembro de su familia admitió para LA NACION que la vivienda excede “apenas por un 4,7%” de la altura permitida. “Cuando el proyecto se aprobó, se dio un espacio para que cualquier persona pudiese objetar. Pero hubo ni una sola objeción. A continuación nos dieron un plazo de dos años para poder construir. ¿Pero qué pasó? Justo en ese momento arrancó la pandemia, y nosotros vivíamos en Argentina… Eso nos obligó a comenzar la obra a la distancia. Nuestro pedido explicito al director de obra fue «aténgase exactamente al proyecto». En algún momento, hubo un error del arquitecto y la casa se elevó un poco por demás de lo autorizado. Exactamente un 4,7%”, insiste.
“Nosotros veraneamos toda la vida en José Ignacio. Mi papá compró este terreno hace quince años”, continúa el mismo miembro de la familia. Su padre, quien falleció en diciembre de 2017, era José Antonio Sánchez Elía, quien fue CEO de la empresa Tesacom y referente de la Fundación Pensar (”think tank” argentino que nutrió al Pro). “Tenemos una buena relación con gran parte de los vecinos, pero hay un grupo, muy reducido, que está generando una violenta campaña de hostigamiento. Nos han hecho graffitis, nos han insultado en la calle. Nosotros no jugamos ese juego”.
Por último, añade: “Tenemos estudios técnicos que prueban que esta diferencia, que este error de construcción, tiene un impacto ambiental y visual casi nulo. Creemos en las instituciones y sistemas administrativos y judiciales de Uruguay y estamos siguiendo todos los pasos provistos por la reglamentación para mitigar el pequeño error de construcción”.
La otra construcción es, según consta en los títulos que presentan los vecinos, propiedad de Andrés Reinaldo Rossi, empresario argentino.
“Estoy convencido, en un 75%, de que las van a demoler”
El estado de alerta es total. “Vamos por la demolición, porque si nos meten este gol, nos van a meter muchos más… ¿Quién va a parar a los demás? Están destruyendo José Ignacio”, dice un argentino que habita allí. Fioroni, el abogado, está convencido “en un 75%” de que ambas viviendas terminarán siendo derribadas.
Fioroni explica que, para poder edificar, es necesario obtener primero la autorización ambiental del Ministerio de Ambiente y, una vez acreditada ésta, el permiso de construcción de la Intendencia de Maldonado, de la cual es intendente Enrique Antía. Pero observa: “Lo que se da, en realidad, es que la gente muchas veces primero tramita el permiso de construcción ante la Intendencia y esta se lo otorga condicionado a que acredite que tiene permiso de Ambiente”.
Según Fioroni, Enrique Antía reconoció que una de las dos construcciones era “no liviana”, pero la autorizó porque ya había comenzado. En lugar de ordenar la demolición, le impuso una multa. El abogado de la Liga de José Ignacio agrega que cuando Adrián Peña, el Ministro de Ambiente del Uruguay, consultó a Antía si los materiales de las casas eran livianos, el intendente la habría contestado que sí. “Pero en el primer permiso que emitió, el Intendente había dicho lo contrario”, insiste.
Otro miembro de la Liga cuenta que el ministro ignoró “no solo los llamados de los vecinos, sino también un informe de geólogos especializados contratados por los mismos vecinos”. El documento existe, y detalla, con razonamientos científicos, cómo la existencia de las dos casas va a modificar la ruta del viento y, lentamente, erosionar la playa.
LA NACION intentó contactar al Ministro Peña para pedirle su versión de los hechos, sin embargo, no recibió respuesta en ninguna de las oportunidades.
Los vecinos han enviado una carta al presidente Luis Lacalle Pou. Piden por su intervención. Quieren que se demuelan las casas, pero además procuran resolver la duda más oscura: exigen que se inicie una investigación judicial para ver si hubo un incentivo ilegal de dinero por parte de los arribados a miembros del gobierno.
“No es el espíritu del Este uruguayo”
Hay uruguayos que observan atentamente el curso de este problema. En diálogo con LA NACION, Claudia Piazza, oriunda de José Ignacio, se mostró indignada: “Para mí que esto es como un insulto a la buena vecindad. Nosotros recibimos a los argentinos, que además son sinónimos de una garantía de buen gusto, porque el argentino ha mejorado todo lo que es la decoración y la onda de los restaurantes. Pero después llega esta gente y no sé que decir. Lo arruinan en un abrir y cerrar de ojos por egoísmo”.
Y remató: “Los permisos que ha dado la Intendencia de Maldonado han tendido a ser de muy mal gusto y turbios. No tengo ningún tipo de seguridad y no quiero calumniar a nadie, pero realmente los permisos que se han dado rayan lo inmoral. No es el espíritu del Este uruguayo”.
Otra vecina se lamentó por la contaminación visual que producen estos proyectos: “Lo que es más terrible aún es que el faro de José Ignacio, que es una especie de monumento local, de símbolo, parece un fosforito al lado de estos monstruos. La playa tiene 75 metros, pero quedó llena de sombra. Lo que han hecho es una cachetada a la naturaleza y a los demás vecinos”.
Mientras tanto, ya hay gente que vive en uno de estos dos hogares.
Source: economia
